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Ismael Serrano - Somos

lunes, julio 27, 2015

Tragsa, una puerta giratoria en el sector público

La huelga que iniciarán mañana las Brigadas de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF), tiene como objetivo unas reivindicaciones justas, que la empresa que gestiona el servicio, Tragsa, se niega a corresponder, pese a disponer de un abultado aparato directivo con sueldos que superan al del presidente Mariano Rajoy

 | 26/07/2015 07.07

Tragsa, una puerta giratoria en el sector público
Foto: @BrifDaroca
Los incendios asolan el Estado español en un caluroso verano que lleva camino de ser lamentablemente histórico. Las BRIF son un cuerpo helitransportado y especializado en la extinción de incendios forestales, sin embargo, se ven obligados a ir a una huelga, que como bien han advertido, no quieren realizar.
La empresa que gestiona el servicio es Tragsa. Creada en 1977 a partir del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguida del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas que participan a razón de un 1% por territorio.
Tragsa es una empresa que durante años obtuvo cuantiosos beneficios, que comenzaron a disminuir a partir del año 2010. Una cifra de negocio que ha ido menguando desde los 1.556 millones de euros en 2009, hasta los 625 millones de euros reflejados en su memoria económica de 2014. Ante una situación económica semejante, cualquier empresa privada plantearía un ERE, sin embargo, estamos hablando de una empresa pública, lo que no evitó el intento de incoar el expediente.
En octubre de 2013, Tragsa planteó el mayor ERE de la historia para una entidad de sus características. Un expediente que fue rechazado por el comité, en parte debido a la negativa de la empresa de reducir los sueldos a los directivos. Esto no es del todo cierto, pues accedieron a reducirse el salario al nivel del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Unos 78.000 euros anuales. Una rebaja de la que estarían exentos los cinco más altos cargos de Tragsa.
En un principio la empresa planteó un ERE que afectaba a 1.336 trabajadores, y que finalmente fue anulado por la Audiencia Nacional, aceptando tres de las reclamaciones que los sindicatos presentaron, la de más peso según sentencia, que las administraciones públicas están debían respetar unos criterios de selección de los despidos “más estrictos” que los exigibles en la empresa privada. Tragsa se vio obligada a volver a incorporar a los 300 trabajadores que ya había despedido.

Los directivos de Tragsa, una élite intocable

Mientras más de mil trabajadores y trabajadoras de la empresa pública veían peligrar su empleo, la dirección de Tragsa continuaba acrecentando el lastre económico que supone un aparato directivo engordado a base de amiguismos.
Según denunciaron los sindicatos CGT y CCOO mientras la empresa planteaba el mayor ERE en la empresa pública del Estado español, fueron fichados en 2013 el yerno del diputado del PP Gabino Puche, la hija de un exsocio de bufete del ex ministro Miguel Arias Cañete, y un primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este departamento controla el 38,9% de las acciones del grupo.
Además, en pleno ERE, la empresa pública contrató a Javier de Miguel Sánchez, exalcalde de El Escorial (Madrid) por el PP, imputado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En abril de 2014 metió en nómina a una alto cargo del PP canario. Y en octubre se anunció, aunque no llegó a materializarse por lo escandaloso de la misma, la contratación como delegado en Galicia del exalcalde de Santiago, Ángel Currás, doblemente imputado por corrupción.
La dirección de la empresa también realizó acciones para protegerse de cara a afrontar el ERE, y según denunció CCOO, la empresa había blindado frente a los despidos al 100% de los expertos, el 96% de los jefes de departamento y el 93% de los mandos de actuaciones.
El aparato continuaba engordando. Pero, ¿cuáles son los sueldos de estos directivos, para que una rebaja sustancial les lleve al nivel del Presidente del Gobierno? Las retribuciones son variables. El presidente del grupo en 2013, se embolsó 183.205,07€ brutos, según la web del grupo. Unos 200 directivos de Tragsa cobraban más que Mariano Rajoy en esas fechas, según informó CCOO. Siendo benevolentes, y pese a la opacidad de la empresa, más de 16 millones de euros en sueldos anuales se repartían los altos directivos de la entidad pública. Los mismos que mantienen a un cuerpo como las BRIF cobrando 900€ mensuales y un plus de 3€ por subir a un helicóptero que les dejará en primera línea de fuego.
La mayoría de estos directivos tienen vinculaciones políticas con el PP. Otros, los menos, tienen un largo historial dentro del sector público en torno al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) u otras administraciones. Casi todos vienen recomendados por los poderes políticos, lo que convierte a Tragsa en una auténtica puerta giratoria dentro del sector público.

Las BRIF a la huelga

Las rebajas salariales y el maltrato hacia los trabajadores por parte de Tragsa no han dejado de aumentar desde la retirada del ERE por la Audiencia Nacional. Las BRIF se han convertido en el sector más combativo contra los abusos de la empresa.
Los bomberos forestales han intentado solventar mediante el diálogo una situación de precariedad en la que nunca han sido escuchadas sus demandas. Unas reivindicaciones que pasan por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, el establecimiento de una segunda actividad para trabajadores que por su edad ya no están en condiciones físicas de afrontar las durísimas campañas de extinción de incendios forestales, y por último, las mejoras en las condiciones laborales que incluyan pluses por peligrosidad y toxicidad dignos, que en la actualidad se solventan con unos ridículos 3€ por jornada de incendio.
La empresa se aferra a argumentos variados para negar estas reivindicaciones. Así, el 16 de julio, mientras los trabajadores y trabajadoras de las BRIF realizaban tres jornadas de huelga, la empresa se despachaba en los medios con un comunicado que aseguraba que no podían ayudar a las BRIF en sus demandas de segunda actividad pues son “una sociedad mercantil y carecen de competencias para ello”. Sin embargo, en el mismo comunicado advertían que no podían aumentar los salarios, pues la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 no permitía aumentos de la masa salarial para empleados del sector público. Es decir, por un lado se comporta como una sociedad mercantil, y por otro, como parte del funcionariado.
En dicho comunicado, la empresa apelaba con vehemencia “al sentido de responsabilidad de los trabajadores en huelga para que tengan en cuenta el momento de riesgo extremo que afecta a la práctica totalidad de la superficie forestal del Estado español”. Una “responsabilidad” que no parece ejercer su consejo de administración ni los más de doscientos directivos que se embolsan sueldos desorbitados.
Las BRIF comenzarán una huelga indefinida este lunes contra los desmanes de una empresa que se ha convertido en un carísimo intermediario entre el Magrama y los servicios públicos que debe prestar. Un intermediario que convierte a sus directivos en una élite económica difícil de sostener.
La “responsabilidad” que reclama la empresa Tragsa a las BRIF ya existe, como quedó demostrada con la actuación brigadistas de Tabuyo en huelga que acudieron como voluntarios, sin cobrar su sueldo, a la extinción del incendio forestal de Quintana del Castillo, el pasado 16 de julio.
Pareciera que quienes carecen de esa “responsabilidad” reclamada habitan los altos despachos del Magrama y Tragsa. Reclamémosela.
fuente: AraInfo.

Esos privilegiados bomberos forestales y controladores aéreos.


Madrid, SP, 26 de julio de 2015.

Mañana lunes comienza la huelga indefinida convocada por las BRIF de toda España. Hoy sin pena ni gloria finalizan los paros parciales de los controladores españoles, cuya nula repercusión indica que tienen vetado su derecho a huelga, y por lo tanto sus derechos fundamentales. Hablamos de dos élites profesionales, cuya imagen es utilizada por sus respectivas empresas Tragsa y Enaire, pero cuyo trato a sus trabajadores no se corresponde profesionalmente con lo específico de su profesión. No se les cuida, simple y llanamente, porque no existe esa cultura de ensalzar al profesional per sé, no vaya a ser que los digitales cargos que cuan parásito manejan los hilos, vean mermada su carrera político-económica por estos "privilegiados trabajadores...". Cuando las barbas del controlador veas militarizar, pon las tuyas a remojar... La UME aparece en los incendios en forma de aviso a los Bomberos Forestales, como poco sutilmente indicando que si éstos enseñan las uñas un poco más de lo debido, el relevo está listo por parte del Estado. Eso sí, el Estado no señala el coste que esa medida tendría, puesto que la UME no es precisamente una Unidad que le salga barata al contribuyente con los números encima de la mesa. Mientras los controladores sólo exigen la remisión de 61 Expedientes y 1 despido, tras los fallos judiciales, los Bomberos Forestales coinciden con aquellos en una reivindicación de la profesión, una segunda actividad para cuando se llegue a una edad que haga imposible el ejercicio normal de la profesión, y algo que parece tan lógico como es que no se despache con 3€/día la peligrosidad (incluyendo la toxicidad) de sus actuaciones. Eso sí los emolumentos de directivos de Tragsa y Enaire, no se corresponden en absoluto con al menos el respeto mínimo a sus trabajadores. Y además la puerta giratoria consolida la posición privilegiada de firotecnócratas y aerotecnócratas, como si el guión hubiera sido escrito por el mismo autor.
La cuestión de fondo es la destrucción de las estructuras del Estado, como coartada para los desmanes giratorios hacia lo privado. 
Resulta más que triste recordar el origen de ambas empresas públicas, y cómo están terminando éstas. En el caso de Tragsa, creada en 1977 a partir del IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), que por cierto tenía la sede en el Paseo de la Castellana, frente a Fomento, y que alguno de éstos días albergará la de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Digo que resulta "triste", pues el objetivo del IRYDA era la planificación agrícola en España, con exclusivos criterios de la mejora de la planificación del medio rural, y que bajo el apéndice de "Reforma" estaba subliminalmente realizando una "Reforma Agraria" planificada en nuestro país, cuyos logros sí los podemos ver hoy con cierta claridad si tomamos como ejemplo el caso de Extremadura, los pueblos de colonización y cómo se llevó a cabo la denominada concentración parcelaria, que sí que tenía un componente social de planificación del territorio agrícola y forestal, de mucho más alcance que cualquiera de los experimentos que se han llevado a cabo luego, como la Ley de Fincas Manifestamente Mejorables en Andalucía, que no ha tenido aplicación social alguna. La distorsión posterior vino de las CCAA y sus competencias, una de ellas en materia agroforestal está en clara contradicción con la finalidad social que impulsaba el IRYDA. Se de lo que hablo. Si hay algo contradictorio entre el patrimonio agro-forestal español, y su conservación, es el de haber partido esas competencias que deberían haberse salvaguardado por parte del Estado, en 17 pequeños feudos, que encarecen tanto el desarrollo agro-forestal, como la extinción de los incendios una vez que se producen. Resulta curioso como las organizaciones ecologistas no han sido capaces de denunciar que la delimitación administrativa contradice mediante estas fronteras, el empleo de todos los recursos disponibles concentrados en un sólo ente dependiente del Estado, para luchar contra el fuego o cualquier desastre medioambiental, en lugar de dividir entre 17 los siempre escasos recursos públicos. Las BRIF son una prueba de que el Estado es necesario cuando lo que es afectado es un bien de dominio público como es la propia Naturaleza.
Pues bien, he aquí que esa Tragsa se ha convertido en una participada de SEPI, con el 52% de las acciones, el Ministerio de Agricultura, con el 38%, un 12% del de Hacienda y un 1% de las CCCAA en función de su territorio.
Según señala Arainfo.org los beneficios de Tragsa fueron menguando desde los 1556 millones de cifra de negocio en 2010, hasta los 625 en 2014. Pero en lugar de plantear un ERE, el componente público de ésta lo evitó. Entre otras cosas porque los directivos privilegiados de ésta empresa se mostraron contra cualquier ajuste, lo que hizo que los trabajadores se negaran a asumir ellos el 100% de ese ERE.
De los 1336 trabajadores, estaban afectados 300, y tuvo que ser la Audiencia Nacional la que obligara a su readmisión.
Arainfo señala que los directivos de Tragsa son una élite intocable. Aquí un inciso, el Secretario General de IRYDA durante unos años (hablamos de los 80), era un cargo casi simbólico, que apenas percibía retribución por sus aportaciones. Ahora la cosa evidentemente, además de la supresión del componente social en el origen de Tragsa, ha cambiado. CGT y CCOO por ejemplo denunciaron que mientras se producía el conato de ERE, la hija de un exsocio del bufete de Arias Cañete y un primo del Sec.Gral.Técnico del Ministerio de Agricultura, eran fichados en 2013. Amiguismo. O el caso más sangrante aún de el ex-alcalde de El Escorial del PP, imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Algún alto cargo canario, o el intento de colar un imputado por corrupción en Galicia.
Pero los directivos se blindaron al 100% de los despidos, y según CCOO tambien lo hizo el 96% de los Jefes de Departamento y el 93% de los mandos. 
Estos privilegiados, blindados ya, tenían unas retribuciones que iban desde los 183.000€ brutos, y unos 200 directivos cobraban más que el propio Rajoy. Es decir más de 16 millones anuales en sueldos. Mientras esa élite de bomberos forestables no llega al mileurismo y un plus de 3€ diario por subirse a un helicóptero y actuar como vanguardia de los incendios. Ni que decir tiene, antes de que se movilice por ejemplo la UME (que vaya por delante cumple su función cuando son mandados a cumplirla, aunque siempre con una cierta suspicacia de los que se baten el cobre desde el primer momento...)
Los privilegiados directivos de Tragsa tiene vinculaciones con el PP. Es decir es un buen nicho de voto cautivo. Pero el perfil exigido es en muchos casos el de la recomendación de los poderes políticos, convirtiéndose, según señala Arainfo, "en una auténtica puerta giratoria dentro del sector público".
Con este panorama, quizás resulte más comprensible la huelga que iniciarán mañana las BRIF, y en cuanto a los sueldos de los directivos de Tragsa y Enaire, no distan mucho, ni en su cantidad, ni en el blindaje giratorio. 
Aquí la responsabilidad la han ejercido las BRIF, al realizar tres jornadas de huelga a la japonesa, y como en Enaire, ni se han dignado a buscar una solución para cuestiones que evidentemente tarde o temprano habrá que solucionar. Los brigadistas de Tabuyo, por ejemplo, acudieron como voluntarios, sin cobrar, pero dejando patente que se encontraban de huelga. Quizás algo parecido podrían hacer los controladores, de tal forma que aunque tengan vetado el ejercicio de este derecho, socialmente pongan de manifiesto la justa reivindicación de que se cumpla lo que los tribunales de justicia han indicado... Quizás audazmente posicionándose del lado del servicio público esencial de la extinción de incendios, o haciendo más visible su solidaridad con los bomberos aeroportuarios. Es el momento de que la transversalidad, por fin, arranque la solidaridad de los controladores con los bomberos, pilotos, etc... El resultado puede ser espectacular. Aunque quizás alguien piense que es utópico, lo que no es utópico es que el Estado se carcajea de esta falta de transversalidad de los trabajadores...

fuente: aviación digital global